La reguladora eléctrica había revertido en 2024 un acuerdo con las telcos,prolongando una disputa que llevaba años y que terminó siendo resuelta por la Abogacía General de la Unión.

Crédito: Adobe StockLa Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil decidió que el artículo 16 del Decreto presidencial 12.068/2024 debe interpretarse como una obligación para las distribuidoras de energía: deberán ceder la explotación comercial de los postes a una “persona jurídica distinta”,es decir,a una entidad independiente que gestionará el uso compartido de la infraestructura con las empresas de telecomunicaciones.

El dictamen rechaza la interpretación defendida por el área jurídica de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel),según la cual las eléctricas podrían elegir si transfieren o no esa explotación comercial.

La AGU coincidió con el entendimiento del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de que el decreto –establecido después del acuerdo entre las reguladoras– ya había tomado esa decisión política y convertido la cesión en obligatoria.

El decreto fue utilizado como argumento por la Aneel para retroceder respecto al entendimiento alcanzado con la Anatel en 2024,y respaldado por una ordenanza conjunta entre los ministerios de Minas y Energía y de Comunicaciones,para defender que el contenido del artículo 16 obligaba únicamente al uso compartido físico del poste,algo que ya existe en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).

Sin embargo,la AGU concluyó que el decreto va más allá: crea un nuevo modelo de gestión de los postes,con separación entre la distribuidora eléctrica y quién realizará la explotación económica de la infraestructura. El órgano incluso afirma que,si el objetivo hubiera sido sólo reafirmar el uso compartido físico ya previsto en la LGT,la disposición “podría haber sido simplemente eliminada”.

Además,subraya que la cesión será onerosa y orientada a costos; que la explotación comercial se realizará mediante una oferta de referencia; y que corresponderá a la regulación de las agencias definir aspectos técnicos como el precio y el uso de la infraestructura. Todo ello ya estaba previsto en el entendimiento establecido por las áreas técnicas de la Aneel y la Anatel.

La AGU entiende que el objetivo es enfrentar la ocupación desordenada de los postes y destrabar un antiguo conflicto regulatorio entre los sectores de energía y telecomunicaciones.