Revés para el gobierno chileno: la Contraloría frenó el nuevo reglamento aplicable a la Ley Uber por “falta de fundamentos” y porque el proyecto no atravesó un proceso de consulta pública. La decisión deja en puntos suspensivos una de las mayores prioridades de la administración actual para la cartera de Transportes y Telecomunicaciones.

La propuesta

El entramado de la ley Uber y su reglamentación es prioridad del gobierno de José Antonio Kast. El tema fue esgrimido en la agenda de corto plazo por el ministro sectorial Louis de Grange,quien señaló ni bien asumió el cargo dijo que el texto era “susceptible de mejora” porque,tal como estaba escrito,podría afectar a cerca del 85% de la oferta disponible con consecuencias negativas en tarifas,tiempos de espera y cobertura.

El plan del gobierno era tener publicada la nueva versión durante la primera mitad del año. La propuesta incluye cambios como la cilindrada de autos autorizados para aumentar el parque vehicular y la anuencia para que el servicio pueda ofrecerse en distintas regiones en casos específicos,además de otros aspectos técnicos y jurídicos.

La respuesta

La Contraloría no dio curso al decreto teniendo en cuenta que “el acto administrativo en estudio elimina,modifica y disminuye exigencias (…) tales como antigüedad máxima de operación,antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima,sin que consten los fundamentos fácticos,técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas,ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.

En el mismo sentido,considera que los cambios “rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe,de manera que,con mayor razón,resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas,técnicas y jurídicas debidamente acreditadas,que justifiquen plenamente su adopción,máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte”.