El decreto establece que bancos e instituciones de pago tendrán hasta 24 horas para bloquear cuentas de operadores irregulares e impedir nuevas transacciones.

El gobierno federal de Brasil estableció,mediante el Decreto nº 13.033,la regulación de los procedimientos para el bloqueo de cuentas de operadores ilegales de apuestas de cuota fija,ampliando los instrumentos de combate contra las casas de apuestas irregulares,conocidas como “bets”. La medida también crea el flujo para una eventual declaración de decomiso de los recursos bloqueados a favor de la Unión.

Según las nuevas reglas,la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda podrá identificar operadores que actúen sin autorización y notificar a instituciones financieras,instituciones de pago y esquemas de pago para que interrumpan su actividad económica.

Tras recibir la notificación,las instituciones deberán bloquear,en un plazo de hasta 24 horas,las cuentas vinculadas a los operadores considerados irregulares,además de adoptar mecanismos para impedir nuevas transacciones destinadas a viabilizar la explotación de las apuestas.

El Banco Central será informado simultáneamente de las notificaciones para acompañar el cumplimiento de las determinaciones y,a su vez,tendrá hasta 90 días para implementar el sistema electrónico que centralizará esta comunicación,en articulación con la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA).

Hasta entonces,las comunicaciones se realizarán a través del Sistema Electrónico de Información (SEI) del gobierno federal.

La identificación de casas de apuestas irregulares podrá ocurrir mediante fiscalización de la propia SPA,por denuncias presentadas por terceros o a partir del análisis de información relacionada con indicios de fraudes electrónicos.

Aunque el bloqueo tiene efecto inmediato,la medida se define en el texto como cautelar y no representa una sanción definitiva. Los operadores afectados tendrán derecho a la contradicción y a la amplia defensa en un proceso conducido por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública,vinculada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Tras la conclusión del proceso administrativo,el gobierno podrá solicitar a la Justicia que los valores bloqueados sean transferidos al Fondo Nacional de Seguridad Pública,sin perjuicio del reembolso de eventuales montos adeudados a los apostadores.