El Ministerio de Trabajo se mostró dispuesto a mediar la situación entre la empresa,la subsidiaria y los 5,000 trabajadores que esperan el pago de sus indemnizaciones.

Carlos Baigorri. Crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos DeputadosLa Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados reunió el pasado 29 de mayo a autoridades y representantes sindicales para debatir y avanzar en posibles soluciones sobre el impacto de Oi y de su subsidiaria Serede en los 5,000 trabajadores despedidos en diciembre de 2025,quienes hasta el momento siguen sin recibir ninguna respuesta por parte de los gestores.

Durante su intervención,el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil,Carlos Baigorri,afirmó que “los trabajadores y la Unión son víctimas de una situación surrealista”,al referirse a la “desaparición” de los R$ 450 millones retenidos para garantizar la continuidad de los servicios prestados por la operadora,que se encuentra en recuperación judicial.

El ejecutivo mencionó el acuerdo entre la Agencia,Oi y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para realizar la migración de la empresa del régimen de concesión al régimen de autorización de la telefonía fija,lo que “le quitaba mucha competitividad a Oi”,y que incluía dicha garantía.

Sin embargo,el 7º Juzgado Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ) ordenó la liberación de esos recursos precisamente para el pago de los trabajadores,algo que nunca ocurrió y sobre cuyo destino “nadie da explicaciones”,añadió Baigorri. También explicó que varias decisiones de la Anatel ya no tienen efecto sobre la operadora,que actualmente se encuentra bajo tutela judicial.

De esta forma,desde la designación del gestor judicial,toda decisión relacionada con la empresa y con Serede —cuya quiebra ya fue decretada—,incluido el pago a los trabajadores,es conducida exclusivamente por el TJRJ.

“Incluso cuando consultamos formalmente a la empresa sobre los casi R$ 500 millones retenidos para garantizar la continuidad de los servicios que presta,la respuesta que obtuvimos fue que no debe rendir cuentas a la Anatel,sino únicamente a la Justicia”,relató Baigorri,quien criticó la “gestión inoperante” de Oi.

Intervención del Ministerio de Trabajo

La diputada Erika Kokay (PT-DF),que presidió la sesión en la Comisión de Trabajo,planteó la posibilidad de convocar al presidente del Tribunal Superior del Trabajo (TST) para discutir la situación y pidió la mediación del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE).

Leonardo Bello,representante del MTE,puso al Ministerio a disposición para mediar “lo antes posible”,mediante un oficio que ya había sido presentado por los representantes sindicales. Asimismo,destacó que todavía existen trabajadores con vínculo formal con Oi,pero en una situación incierta,ya que no cuentan con trabajo efectivo ni con perspectivas de futuro.

“Ellos necesitan saber qué garantías se les ofrecerán. Las empresas deben preservar,al menos,la seguridad jurídica de estos trabajadores”,declaró.