MEO,el principal operador de telecomunicaciones de Portugal,ha presentado una demanda contra el Estado portugués para reclamar una indemnización de 81.7 millones de euros (94.96 millones de dólares) por las pérdidas derivadas de la exclusión de Huawei de las redes 5G en el país.

La acción judicial,presentada por el grupo de telecomunicaciones el 24 de abril ante el Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa,cuestiona las decisiones adoptadas en 2023 por la Comisión de Evaluación de Seguridad,que prohibió el uso de equipos de proveedores considerados “de alto riesgo” en la infraestructura de quinta generación.

De acuerdo con los criterios adoptados por la Comisión,proveedores chinos como Huawei y ZTE entrarían en la categoría de proveedores de alto riesgo,por lo que se limitaría su participación en los procesos de despliegue de nuevas redes. La decisión se tomó en medio de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. El gobierno estadounidense presionó a diversos aliados para que adoptaran medidas que restringieran la operación de empresas chinas bajo el argumento de seguridad nacional.

Según el operador liderado por Ana Figueiredo,la compañía sufrió “daños especiales y anormales” al verse obligada a cambiar de proveedor y reemplazar equipos ya instalados en su infraestructura 5G,citaron medios locales. MEO fue uno de los operadores portugueses más expuestos a la tecnología Huawei en el desarrollo del 5G y terminó sustituyendo al fabricante chino por Nokia.

La demanda argumenta que las reglas impuestas por el Estado generaron costos adicionales significativos no previstos en el planeamiento inicial del proyecto de inversión,tales como la sustitución de equipos ya instalados; cambio forzado de proveedores tecnológicos y reconfiguración de parte de la infraestructura 5G.

Un estudio elaborado por EY a petición de Huawei estimó que la sustitución de equipos de la marca china y los costos asociados en el futuro para las redes 5G portuguesas podría costar hasta 500 millones de euros al conjunto de operadoras de telecomunicaciones del país.

El propio gobierno estadounidense se vio obligado a recaudar fondos por cerca de 4,980 millones de dólares para ayudar a ciertos operadores,especialmente rurales o de menos de 10 millones de usuarios,a quitar y reemplazar (Rip and Replace) equipo proveniente de fabricantes considerados como un riesgo para la seguridad nacional,es decir,Huawei y ZTE.

La propia Huawei ya había impugnado la decisión gubernamental ante los tribunales en 2023,pero ahora es el operador portugués quien también busca una compensación por los cambios impuestos por el Estado.